El número de inmigrantes menores de edad no acompañados y tutelados por alguna Administración española crecieron un 60% en 2017 respecto al año anterior, hasta los 6.414.
Así se recoge en el informe de Save the Children sobre los fallos en el sistema de acogida y protección en España ‘Los más solos’, presentado este lunes en Madrid. Según sus resultados, en 2017 el sistema de tutela registró 2.417 nuevas llegadas procedentes de la inmigración. De estos, 2.147 habían llegado en patera.
En 2012, las comunidades autónomas tutelaban 3.261 inmigrantes menores de edad no acompañados; en 2013, 2.632; en 2014, 3.660; en 2015, 3.341, y en 2016 se alcanzaron los 3.997.»El salto» llegó en 2017, con 6.414 menores registrados, apuntó Andrés Conde, director general de Save the Children. Se registraron casi 2.500 nuevas llegadas, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo entra en el sistema. De hecho, en 2016 se perdió la pista de 825 menores, que pudieron mudarse a otra comunidad autónoma, viajar fuera de España o caer en redes de trata.
MUCHOS OBSTÁCULOS
En rueda de prensa, Conde enumeró los obstáculos que estos menores se encuentran en España, una situación que se ha visto agravada por la política de la UE, que «prima la seguridad por encima de la protección y los derechos de la infancia».
La ausencia de asesoramiento jurídico, el no reconocimiento de la minoría de edad, la falta de acceso a la educación y al mercado laboral y las malas condiciones en los centros de acogida son, a su juicio, los principales problemas que vive el colectivo.
Por su parte, la diretora de Sensibilización de Save the Children, Ana Sastre, reclamó que se «dé presunción de credibilidad a la minoría de edad y se acepte la documentación» que los inmigrantes aportan a su llegada. «Solo en caso de grave duda deben efectuarse comprobaciones, preferiblemente entrevistas a cargo de equipos multidisciplinares y no pruebas médicas», subrayó.
Del mismo modo, Sastre criticó las devoluciones en caliente de menores en la frontera y «la falta de voluntad a la hora de ofrecerles información sobre la posibilidad de solicitar asilo. El bajo número de peticiones registradas cuando estamos hablando de menores que vienen de países en conflicto así lo demuestra, dijo.
Asimismo, apuntó que España también fracasa a la hora de detectar otras situaciones de riesgo para estos menores no acompañados, como puede ser su pertenencia a redes de trata.
Sastre también reivindicó la concesión de un permiso de residencia de cinco años nada más conocerse la llegada de un menor no acompañado, así como la concesión de un permiso de trabajo en cuanto cumpla los 16. «Es la única manera de evitar su perpetuación en la economía sumergida y en situación irregular».
LA VIDA EN LOS CENTROS
Por último, Conde reclamó «condiciones dignas» en los centros de acogida de menores, y exigió «unos estándares mínimos de calidad a nivel estatal», tales como una ratio de menores por centro y cuidador, la formación de los profesionales, los protocolos de actuación, etc.
También exigió al Gobierno central y a las administraciones autonómicas fomentar la acogida de estos adolescentes, motivo por el que la ONG lanzará una campaña en ‘Change.org’. «Es la mejor forma de facilitar su integración y evitar los abandonos de los centros». Según Conde, cientos de estos chicos viven en «situación de calle», un fenómeno «lamentable y en la actualidad erradicado en España, al que parte de la población parece haberse acostumbrado».
Por último, Conde defendió la creación de la figura del asesor independiente, un voluntario encargado de acompañar al menor desde su llegada a España hasta su mayoría de edad. Su tarea sería ayudarle con todos los trámites, acompañale a lo largo del proceso y facilitale su inserción en el sistema.
FUENTE: ECODIARIO