La tributación de las empresas tecnológicas está más cerca. Aunque el Ministerio de Hacienda no cuenta todavía con un borrador de anteproyecto de ley —está a la espera de nombrar un nuevo director general de Tributos—, hay una idea que ya manejan sus responsables políticos. Las compañías de comercio electrónico (con límites en función de su tamaño) pagarán impuestos por cada una de sus transacciones comerciales. Si se cumplen los plazos, en otoño se presentará la norma y entraría en vigor a principios del año que viene.
Hacienda, de esta manera, pretende proteger al pequeño comercio, que está en inferioridad de condiciones respecto de las grandes cadenas, cuya cuota de mercado no para de crecer por la generalización de las ventas ‘online’. La idea que maneja Hacienda es gravar ese tipo de operaciones, hoy exentas. Y se mira, en concreto, a Amazon, el gigante estadounidense que reina en el mercado de las compras electrónicas.
De hecho, como sostiene una fuente, habría que hablar más de la ‘tasa Amazon’ que de la ‘tasa Google’, ya que la empresa de Jeff Bezos será la más afectada. El argumento que se ofrece es simple: de esta manera se protege al comercio tradicional, más intensivo en creación de puestos de trabajo, y con nula capacidad de competencia frente a las grandes corporaciones.
Cómo Amazon ha reventado la huelga y otras claves para entender el conflicto
M. Mcloughlin
Y hoy la realidad es que el modelo de bases imponibles en el impuesto de sociedades —entre otras cosas, por la dificultad de identificar el concepto de establecimiento permanente— no es capaz de incluir esa facturación. Evidentemente, por la deslocalización fiscal que se produce entre las empresas filiales y la matriz. Principalmente, a través de países de baja tributación como Irlanda o Luxemburgo o mediante precios de transferencia ficticios entre sociedades del mismo grupo empresarial (las llamadasoperaciones vinculadas).
El Ministerio de Hacienda no trabaja en el aire. El andamiaje legal está muy avanzado y coincide con las numerosas propuestas que han hecho en los últimos años tanto la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como la Comisión Europea, que han dado carta de naturaleza a una nueva fiscalidad para la economía digital.
En el caso de Bruselas, lo que se ha propuesto —como instrumento provisional hasta que se haga una reforma integral— es gravar la cadena de valor de una compañía digital. Por ejemplo, los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios (que afectaría fundamentalmente a Google); los generados a partir de actividades de intermediación digital que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios (Facebook) y, en particular, a los que puedan facilitar la venta de bienes y servicios (Amazon). La Comisión Europea, igualmente, habilitó a los países —sobre esto no hay consenso— a gravar los ingresos generados a partir de la venta de datos obtenidos de información aportada por el usuario, y que hoy se escapan al fisco por la dificultad de identificar el hecho imponible.
Gravar las descargas
El anterior equipo del Ministerio de Hacienda no dejó listo ningún borrador de anteproyecto de ley, pero sí identificó otra fuente de generación de ingresos para las compañías digitales que pasan desapercibidas para Hacienda: las descargas, lo que afectaría no solo a las plataformas digitales sino a las compañías de telecomunicaciones, aunque en este caso las fronteras son difíciles de fijar.
El único límite que puso la Comisión Europea es que el nuevo impuesto digital que estudia el Gobierno afecte a empresas con un mínimo de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones de euros en la Unión Europea. Bruselas llegó a estimar unos ingresos adicionales de unos 5.000 millones de euros anuales.
