El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que modifica la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y que devuelve la sanidad universal al ligar la asistencia a la ciudadanía y no al concepto de asegurado. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que ha confirmado los planes anunciados por el Ejecutivo el pasado 15 de junio.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha destacado el trabajo de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, por cumplir con su palabra de proteger la sanidad mediante real decreto. «Una sociedad justa no deja a nadie atrás», ha subrayado Montón, que ha insistido en que desde este viernes»en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud».
A partir de ahora, los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin tener que justificar su residencia en España, en caso de que los servicios sociales constaten que su país no puede abonar esta cobertura. También tendrán derecho al acceso sanitario las personas nacionalizadas en España, los extranjeros residentes, los pensientas que residen en otros países y los trabajadores transfronterizos.
Los inmigrantes sin papeles dejan de tener derecho a la tarjeta sanitaria
Restricciones para evitar el turismo sanitario
Sin embargo, se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado o «abusos» del derecho a la asistencia sanitaria, sobre todo para los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España. Así, se financiará la asistencia sanitaria cuando no tengan la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía según el derecho de la Unión Europea; por no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procededencia, o por no existir un tercero obligado al pago.
Por otro lado, en los casos en los que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales comptentes de las comunidades. Además, las comunidades autónomas fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a personas extranjeras para poder recibir la prestación.
Montón descarta que suponga un sobrecoste para Sanidad
En cualquier caso, Montón ha insistido en que estos casos no implican la financiación con cargo a los fondos públicos ni un sobrecoste para el SNS, sino que favorece su sostenibilidad porque la asistencia «normalizada» permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias, lo que conlleva un mayor gasto sanitario.
Por eso, según Montón, la «exclusión sanitaria» de la reforma del PP ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron excluidas, así como situaciones de inequidad y desigualdad. Para la ministra, «lo esencial» de la norma es la mejora de la salud individual de las personas excluidas del sistema y de la salud colectiva.
Por último, la ministra de Sanidad ha recordado que con el real decreto, el Gobierno está atendiendo a las demandas de la Unión Europea, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, así como de sociedades científicas y organizaciones sociales que han censurado la exclusión sanitaria y sus prejuicios.
Fuente: RTVE
