Españoles luchando por el reconocimiento de su nacionalidad… ¿a la tercera va la vencida?

Españoles luchando por el reconocimiento de su nacionalidad… ¿a la tercera va la vencida?

David Casarejos
Presidente del Consejo de Residentes del norte de Reino Unido
Consejero por Reino Unido en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

Estamos en un extraño tiempo en el que toda nuestra atención se centra en solo un tema, el
coronavirus.

Mucha de nuestra vida gira obligatoriamente alrededor de este minúsculo virus. Parece que nada
fuera del ámbito de la enfermedad y la leyes y reglas a raíz de la COVID19 sucede, y las noticias
ajenas al virus pasan de puntillas por nuestros periódicos y televisiones.

Gran parte del foco mediático durante la semana pasada para el colectivo de la emigración española
en el mundo fue sin duda la reunión en el Senado de la Comisión de Exteriores, con la asistencia de
la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Dña. María Aránzazu González
Laya.

En esta sesión la senadora de En Común Podem, Sara Vilá, volvió a defender a nuestro colectivo no
solo en la reivindicación de la eliminación del voto rogado, que esperamos como agua de mayo, aun
cuando volverá otra vez a llegar tarde para las elecciones en Euskadi y Galicia, como en otra ley más
desconocida para nuestros compatriotas en suelo español, pero de gran importancia para los
españoles, principalmente en Iberoamérica.

Sara Vilá ha sido la cabeza visible representando y defendiendo los intereses de aquellos españoles
que no tienen reconocida su nacionalidad y que a través de organizaciones como el Centro de
descendientes Españoles unidos (CeDEU) han estado reivindicado corregir las injusticias que originó
la última ley en esta materia , la Instrucción adicional 7ma de la ley 52/2007 (Memoria Histórica)
que se olvidó de las mujeres nacidas antes de 1978 o que perdieron la nacionalidad española al
casarse con extranjeros, o aquellos jóvenes que no solicitaron su deseo de conservar la nacionalidad
tras cumplir 21 años, o que dejaron familias divididas donde unos hijos son españoles y otros no por
ser mayores o menores de edad…entre otros casos. Se vuelve necesaria una reforma al código civil
que venga a reparar estos casos sin dejar atrás a aquellos reconocidos en anteriores leyes para
poder estar a la altura de países como Italia, Portugal o Alemania que han sido más generosos que
España en estos reconocimientos de nacionalidad.

Leyes que discriminaron a las mujeres que perdían su nacionalidad al casarse, pero no sucedía al
igual con los varones reflejando la misoginia de nuestros reguladores y el machismo en nuestras
instituciones y mejor tarde que nunca para rectificar errores pasados.
No una, ni dos, sino tres veces ya ha presentado la senadora la propuesta de ley que corrija la ley
actual para descendientes de españoles nacidos en el exterior. El esfuerzo se repitió en junio de
2018 (aprobada por unanimidad en el Senado), septiembre de 2019, y la última el pasado 17 de
diciembre.
La semana pasada, en la reunión en el Senado de la Comisión de Exteriores, Sara Vilá defendió
determinadas garantías de la Ley de Nacionalidad española una vez que esta ley sea finalmente
aprobada por las dos cámaras y logremos por fin acabar con una injusticia que no debió haberse
cometido con nuestros compatriotas. ¿Estarán los consulados preparados cuando se apruebe la
nueva ley?
Juan Manuel de Hoz, portavoz de CeDEU ve “con esperanza esta proposición”, y en múltiples
ocasiones que hemos discutido esta injusticia se ha mostrado implacable en la necesidad de tratar
de cubrir todos los ángulos que reparen los problemas causados por una primera ley que aun con
buena intención, dejo a muchos hijos, nietos, y bisnietos de españoles sin la posibilidad de compartir
la nacionalidad con sus padres, abuelos y bisabuelos.

Muchos de los españoles privados de nacionalidad son descendientes de emigrantes forzosos tanto
por causas políticas como meramente económicas y que ayudaron a la España de la dictadura con
remesas económicas que en muchos casos ayudaban a sus familias a subsistir durante largos años.
En las previas ocasiones que se presentó la propuesta, no llegó a fructificar o bien por nuevas
elecciones que la metían en el congelador, o por unos cambios por parte del PSOE en una ley que ya
había tenido el visto bueno por las diferentes partes, incluido el Pleno del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
La Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE tuvo que salir al paso para desmentir a la
previa secretaria de Estado, Consuelo Rumi, que erróneamente informó que esta Comisión, de la
que yo formo parte como Consejero por Reino Unido, apoyó las enmiendas 14 y 19 del PSOE a la ley
propuesta y aprobada en Pleno. Nunca esta Comisión se posicionó a favor de enmiendas que
continuaban con la discriminación de parte de nuestros compatriotas.
La política debería estar para ayudar a sus ciudadanos y no como una serie de obstáculos que
dificulten o nos impidan ejercer nuestros derechos.
El derecho a ser español va más allá de colgar banderas del balcón o de llevar pulseras. El derecho a
ser español ha de ser respetado y se han de poner todas las herramientas para asegurarnos de que
nadie se queda atrás, y mucho menos nadie es discriminado en base de tiempo pasado, o el
fallecimiento de un padre o abuelo que no tramitó en vida un derecho que debería ir más allá de
papeles y certificados.
La propuesta de ley es junto a la derogación de voto rogado y la ampliación de aulas ALCE (aulas de
lengua y cultura española), demandas de la emigración, que han de ser tomadas en serio por el
Gobierno, que hasta ahora ha mostrado una sensibilidad mayor por las medidas sociales.

Los españoles en el exterior, a no ser que nos digan lo contrario somos españoles con los mismos
derechos y esperamos que se nos trate de la misma manera, y las instituciones que nos representan
sean igualmente respetadas.

Nuestra voz está en el CGCEE y allí es donde podemos tratar de asegurarnos de que a la “tercera
provincia” en España con más de 2.7 millones de habitantes, podamos tener influir y ayudar a
mejorar nuestra relación con nuestro país, del que muchos fueron expulsados hace 70 años, otros
hace solo 10 años, y que sigue creciendo en número.

Al número de emigrantes actuales le falta incluir a aquellos que ahora sí podrán demostrar que son
españoles tras la aprobación de la nueva propuesta de ley…si los señores políticos de verdad quieren
respetar unos derechos que les fueron arrebatados injustamente.

Fuente: DIARIOYA

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